LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
¿Por qué los vascos sí y los catalanes no?
El concierto económico del que se beneficia Euskadi se
asienta en unos derechos históricos reconocidos en la Constitución y el
Estatuto
Bajo el árbol están los Fueros y, a su alrededor, marineros,
agricultores y mineros rinden pleitesía con sus aperos de trabajo. Hace un día
soleado en Gernika (Bizkaia) y la impresionante
vidriera multicolor que cubre el techo de la Casa de Juntas hace brillar toda
la estancia. La obra es un recuerdo de la autonomía histórica vizcaína que,
como los demás territorios vascos, se ha articulado durante siglos mediante el
régimen foral. Una herramienta que España ha aceptado como elemento de unión.
A pocos metros de la estancia se alza el roble histórico,
símbolo de las libertades vascas. Junto a él se reunían los nobles de Bizkaia
en las Juntas Generales, juraban los
reyes de España su respeto a los
fueros y promete ahora el lehendakari su cargo. En 1200, los territorios vascos
fueron incorporados a la Corona de Castilla pero conservaron sus instituciones.
Se acataba así la Lege Zaharra (ley
vieja), reconociéndolos como zona exenta de impuestos y respetando su
organización interna.
Este equilibrio, que permitía a Bizkaia, Gipuzkoa y Álava gestionar sus propios
sistemas tributarios, se puso en entredicho en el siglo XIX, cuando el nuevo
Estado liberal propugnó el centralismo y la igualdad de leyes. En 1876 y tras
tres guerras carlistas, fueron derogados los fueros vascos, a los que sustituyó
el concierto.
El concierto creó una relación de estabilidad con Euskadi,
donde menos apoyo tuvo la Constitución
Hasta entonces, las tres diputaciones se habían encargado de
la recaudación. Tras años de guerras, el Estado, falto de recursos, optó por
una fórmula rápida para recuperar ingresos: en unas provincias en las que la
Hacienda estatal tenía muy poca intervención, estableció que las
administraciones vascas le entregasen una parte de los impuestos. “El objetivo
del decreto no era la diferenciación sino la asimilación en el régimen general
de España: el Concierto no es un invento vasco, es una imposición”, asegura
Pedro Luis Uriarte, ex consejero de Economía y experto en la materia. Con la
Guerra Civil, Franco suprimió en 1937 el Concierto en Bizkaia y Gipuzkoa como
venganza por apoyar al gobierno republicano. Álava y Navarra lo mantuvieron.
Tras la Constitución del 78 y el Estatuto de Autonomía
vasco, el concierto de 1981 modeló el sistema actual y estableció el cupo, el
pago anual de Euskadi al Estado por competencias no transferidas como
infraestructuras y Defensa. “El concierto –explica Uriarte, quien participó en
las negociaciones– consiguió crear una relación de estabilidad con el
territorio donde menos apoyo tuvo la Constitución, menos del 30%”.
La clase dirigente española, con distintas mayorías y
partidos en el poder, siempre ha apoyado la norma. Desde 1981, 16 proyectos de
ley relacionados con ella han pasado por las Cortes, no siendo nunca rechazados.
“El concierto ha tenido un respaldo legal abrumador”, destaca Uriarte, quien
recuerda: “El cupo no lo establece el País Vasco, se pacta con el Estado y lo
ratifica el Congreso”.
Uriarte: “A las comunidades les da lo mismo lo que paguen
Euskadi y Navarra porque no les afecta”
El cálculo del cupo, establecido por la ley Quinquenal, es
complejo y ha dado lugar a múltiples choques políticos. “Euskadi –explica
Uriarte– paga el 6,24% de las competencias no transferidas al País Vasco, pero
a nivel estatal, y se cobra ese porcentaje de los impuestos estatales no
concertados, de ingresos no tributarios como tasas y multas y del déficit
público”. Según indica Pedro Luis Uriarte, la primera cifra, el cupo bruto,
está en torno a 5.300 millones, mientras el Estado invierte mil menos en el
País Vasco. Restando el Cupo bruto a lo que se cobra, sale el cupo, que después
se actualiza año a año.
El acuerdo firmado esta semana por el que el Estado
devolverá a Euskadi 1.400 millones como liquidación de los últimos años no es para
Uriarte ningún regalo. “El Gobierno, sin recursos por la crisis, no estaba
interpretando correctamente la ley: se ha comprometido a devolver lo
indebidamente cobrado”. A su vez, se llevará a las Cortes la ley Quinquenal
para el periodo 2017-2021, una norma en la que no había acuerdo entre
administraciones desde 2007.
Partidos como UPyD y Ciudadanos han propuesto acabar con la
norma fiscal, pero no han tenido respaldo. Pedro Luis Uriarte dice que las
críticas “son injustas” y vienen de no aceptar dos modelos diferentes, el común
y el foral, que tiene riesgos. “Si hay déficit de recaudación –explica–, el
Estado se encarga de los presupuestos no cubiertos por las comunidades
autónomas mediante préstamos, sin tener que financiarse a través de, por
ejemplo, los mercados internacionales a tipos de interés más altos, lo que
supone un gran ahorro”.
Las polémicas con respecto a la financiación autonómica han
salpicado a veces al concierto, una herramienta que sin embargo España ha
defendido y utilizado como instrumento de adhesión y estabilizador con Euskadi.
Una relación financiera bilateral forjada durante casi 140 años.
“A las comunidades –dice Uriarte– les da lo mismo lo que
paguen Euskadi y Navarra porque no les afecta, influye más o menos al déficit
público estatal, pero no a la cantidad que el Estado da al resto de
comunidades”.
¿Y los catalanes?
Yo he propuesto para Catalunya algo parecido (al concierto
vasco) pero más moderno. (...) Ni en Sau ni en Madrid fueron aceptadas mis
tesis”. Ramón Trias Fargas lamentaba en La Vanguardia en setiembre de 1979 su
fracaso al tratar de reproducir en Catalunya un sistema de concierto similar al
vasco en el Estatut catalán.
En efecto, CDC –Trias Fargas aún militaba en aquellas fechas
en Esquerra Democrática de Catalunya que se integró en Convergencia– defendió
en la ponencia que redactó el proyecto negociado con Madrid una versión
revisada del concierto vasco para Catalunya pero fue rechazada por el resto de
grupos que consideraban imposible que aquella propuesta fuese aceptada por el
gobierno español.
Nunca sabremos si habría sido así. Lo que es objetivamente
cierto es que los catalanes estaban absolutamente convencidos de que la
propuesta de concierto económico propuesta en el Estatuto vasco, presentada y
debatida en Madrid antes que la catalana, no prosperaría. Pero no fue así. Fue
admitida en base a unos derechos históricos reconocidos en la propia
Constitución, los antiguos fueros. Una posición jurídica y política de la que
Catalunya no se podía beneficiar porque sus fueros –a diferencia de los vascos–
desaparecieron de un plumazo en 1716 y nunca fueron recuperados.
Desde aquellas negociaciones, el mito del frustrado pacto
fiscal catalán ha recorrido la historia del autonomismo casi desde el minuto
cero, tan pronto la nueva administración catalana comprendió que la gestión de
todos los impuestos que pagaban los catalanes era determinante para entenderse
con un Estado que, tras el primer impulso, empezó a recular en
su propósito descentralizador.
En 1983, ERC –que en la negociación del Estatut no defendió
con CDC el modelo del concierto– fue la primera en proponer la primera reforma
del Estatut que incluiría la reivindicación de un modelo de financiación
similar al vasco. El entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol rechazó
esta propuesta impelido tal vez por las circunstancias del momento: la crisis
industrial estaba causando estragos en la economía y la sociedad catalana
–había municipios donde el 50% de la población activa carecía de empleo– y la
posibilidad de establecer una hacienda catalana podía agravar la enfermedad más
que curarla. Fue un cálculo cortoplacista que mucho más adelante CDC
lamentaría.
Lo cierto es que a lo largo de la década siguiente
Convergencia, el partido hegemónico en Catalunya, se centró en perfeccionar los
beneficios del sistema autonómico al que se había acomodado. En 1993 lograría
incrementar el volumen de los impuestos cedidos, parte del IVA y del IRPF y
tres años más tarde volvería a aumentar la cuota del IRPF en el pacto del
Majéstic a cambio de garantizar la estabilidad del gobierno de José Maria Aznar
en minoría. El pacto del Majestic es, a efectos de estrategia, parecido al
pacto que esta semana han cerrado los vascos con el Gobierno de Rajoy pero no
está nada claro qué reportará más beneficios.
Lo cierto es que tres años más tarde, en 1999 –aún bajo
presidencia de Jordi Pujol– y luego en el 2002 –en los albores de la
constitución del tripartito catalán– el Parlament de Catalunya tuvo la
oportunidad de plantear un cambio en el sistema de financiación y reclamar, aún
a sabiendas de que Madrid no estaría por la labor, un sistema de financiación
similar la vasco y en las dos ocasiones se concluyó que esa propuesta no era
viable en el marco constitucional todavía vigente.
Algo similar ocurriría después con el nuevo Estatut del año
2006. La propuesta normativa del renovado texto marco catalán se mantiene en el
régimen general que ya estableció el primer Estatut aunque abre la puerta a que
la nueva Agència Tributària de Catalunya pueda acabar cobrando y gestionando la
totalidad de los impuestos siempre que así se acuerde con el Estado. Es decir,
el mecanismo siguió basándose en una cesión del gobierno central, no en la
definición de una soberanía sobre los recursos fiscales que genera Catalunya.
El Estatut quería cambiar el sistema desde dentro el propio sistema. Y no
funcionó. La sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 certificó el error
de cálculo.
En el 2012, Artur Más, tras asumir la presidencia de una
Generalitat en quiebra financiera, recuperó esta vez sí, la propuesta de una
reorientación del sistema de financiación. De la multilateralidad regional a la
bilateralidad vasca. Y eso mismo es lo que le fue a proponer al presidente del
gobierno en una reunión celebrada el 20 de setiembre en la Moncloa en la que el
presidente del gobierno le respondió con la Constitución en la mano: el pacto
fiscal es inviable. La negativa fue acogida por Mas con una advertencia: “o
aceptas el pacto a te atienes a las consecuencias”.
Rajoy optó por lo segundo. Y así acabó y empezó todo.
