Moral Pública

El arte de gobernar consiste en el ejercicio de la función pública, rodeando la administración del Estado de seguridades materiales, las cuales solo se soportan y permanecen, en la medida que los actores de la gestión pública, alimenten con la moralidad, prudencia, eficacia y honor, cada una de las realizaciones, las cuales han de estar sujetas a los pilares de la honestidad, el decoro, la cultura y la responsabilidad ciudadana.

Sin éstos aditamentos no podemos construir un país fortalecido con valores, confiado en la moralidad de sus gobernantes, dispuesto a contribuir, en lo personal cada ciudadano, para impedir las laceraciones que frecuentemente se le producen a la moral pública, inspiradas en una glotonería insaciable, en la avaricia incontenible y sobre todo en la seguridad de la impunidad.

Somos los ciudadanos con derecho a sufragar, quienes tenemos la grave responsabilidad de escoger los gobernantes, seleccionando personas con un perfil moral blindado ante las tentaciones que el ejercicio del poder produce.

Los panameños somos testigos de la precaria calidad moral de muchos aspirantes en el escenario político. El rechazo de las actuaciones deshonestas, teñidas con el soborno y el aprovechamiento de una posición gubernamental importante, no parece intimidar a quienes hacen del servicio público una forma de vida divorciada del ejemplo, y viven de su trasiego con cualquier grupo que les beneficie, porque su único interés es proveerse de bienes materiales, aún cuando sean objeto de severas críticas como personas, ya que la moralidad no forma parte de su formación dirigencial.

No es imposible encontrar mezclados entre la gente decente a personajes identificados por el lodo que lleva su plumaje, fruto del tránsito por el pantano, y como decía el poeta, debemos aspirar a que el plumaje de cada uno de nosotros no sea de esos manchados por el pantano de nuestras actuaciones.

Es indispensable que cada funcionario público, cada educador y, en especial, cada padre de familia, 

adopte una actitud de resguardo y protección a los valores morales, dotando a los jóvenes de ejemplos a seguir, previniendo las ofensas, desalentando la delincuencia, imponiendo modelos de comportamiento familiar y público, para que podamos construir el país que deseamos heredar a nuestros descendientes.

Con el concurso de todos, podremos desalentar la corrupción, la extorsión, y así vamos creando una moral blindada contra las ambiciones desmedidas y contra el abuso tan frecuente en el ejercicio del poder.

La moralidad pública depende del aporte que cada funcionario y dirigente haga en beneficio de la decencia, la pulcritud, la capacidad y productividad de cada estamento de la administración y se perpetuará en la medida en que no renunciemos a los principios morales que deben levantarse como un muro que contenga el aprovechamiento inmoral, porque es de nosotros de quienes depende que la moral pública no siga siendo lacerada.