El Poder De La Justicia

Inicialmente hay que destacar que no es función del Poder Judicial construir ciudadanía. 

Sin embargo, las dinámicas institucionales van trasladándole otras responsabilidades, y para ser ejercidas debidamente, ello -no siempre- importa tener que asumir experiencias de formación ciudadana. Como supuesto se podría considerar la materia electoral en la provincia de Córdoba, luego de la sanción de la ley que regula la Comisión Interpoderes de Seguimiento de Procesos Electoras (Cispe).

La formación en ciudadanía es correspondencia -como todo lo vinculado con la materia educativa- de la cartera de Educación del Ejecutivo. Y para ello se ponen en marcha en los ámbitos escolares de primer nivel y sucesivos, programas de instrucción cívica o formación ciudadana. El Poder Judicial no debe asumir responsabilidades que no le son propias, puesto que gran parte de los achaques negativos que se hacen a la institución judicial apunta a una confusión de competencias que alguna parte de la sociedad como tal puede tener.

En muchas ocasiones, una porción de la sociedad le achaca defectos a la institución judicial que no es su de responsabilidad remediar o modificar, y con ello se fortalece una imagen negativa de ella.

De la misma manera, los integrantes de otro colectivo -no numeroso pero influyente por la entidad y comunicabilidad que tiene su opinión en el resto de la sociedad civil- que conoce perfectamente cuáles son las responsabilidades de compromiso de los poderes judiciales (PPJJ), son los que denuncian que también el Poder Judicial -no se puede dejar de admitirlo- prefiere a veces no encontrar razones suficientes para involucrase en los problemas que los ciudadanos formulan,

particularmente cuando tienen relevancia política. Este grupo suele resultar influyente sea porque administra grandes capitales o porque es la clase académicamente más formada, o porque es quien forma opinión en otros grupos societarios.

De esta manera, para unos -los primeros- el Poder Judicial debería infiltrase en la totalidad de intersticios de la vida civil, y para otros -los segundos- el Poder Judicial encuentra en modo recurrente las razones que justifican su apartamiento del problema en cuestión. Y bien sabemos que el teorema de Thomas se cumple inexorablemente en ciencias sociales, y cuando los PPJJ han dejado por inadvertencia o desidia que eso así ocurra, difícilmente tengan una modificación espontánea.

Transitar el riesgo
Frente a ello, sin duda que algunas transformaciones deben intentarse ejecutar, para con ello no sólo coadyuvar a una imagen menos distorsionada del Poder Judicial, sino también para que con dicha sinergia con lo social se evidencien los naturales defectos que el Poder Judicial puede tener y no modifica, precisamente por la falta de involucramiento societario.

No se nos escapa el riesgo de transitar estos desfiladeros en altura. El solo hecho de hacerlo puede importar poner en juego el poco prestigio que la institución judicial tenga, puesto que si no resulta bien administrado el proceso de ser copartícipe el Poder Judicial de dichas instancias de formación ciudadana, la imagen un tanto devaluada que de él pueda existir será atravesada por la decepción cívica.

Mas lo que toda conducción de Poder Judicial debe tener como ponderación es saber encontrar el momento oportuno –Kairós, en griego- en el cual por condiciones ajenas a él es propicio que éste cobre notoriedad en el entramado social. Sea ello porque: (i) los otros poderes han caído en una pendiente resbaladiza irrecuperable, (ii) porque la sociedad civil requiere en una forma inusitada el involucramiento activo del Poder Judicial; o (iii) porque este propio ha alcanzado un grado de madurez institucional en el cual naturalmente es ésa la respuesta que fluye desde él.

A ello hay que sumar que para alcanzar una mejor República se hacen necesarios mejores ciudadanos y ellos sólo podrán ser en cuanto los protagonistas judiciales puedan ofrecer mayores márgenes de confianza pública. Alcanzar ésta es como argumentar sobre una institución invisible, porque nunca se conoce cuántos ladrillos se colocan mediante los comportamientos institucionales que se cumplen.

Sin embargo, se advierte sin dificultad el momento en el cual los que estuvieran amurados se derrumban porque ha devenido la pérdida de la confianza que socialmente se había depositado en dicho Poder Judicial.

Ser juez en un contexto especial
Ser juez no resulta una cuestión que se pueda hacer sin auténtica vocación, una nación socialmente conflictiva por los niveles de incumplimiento generalizado de las normas, con altos niveles de pobreza, marginalidad económica y delincuencia violenta y, por ello, con mayores porcentajes de judicialización social. A ello se suma un descreimiento en las instituciones por índices cada vez mayores de falta de transparencia institucional.

De allí que sabemos que la magistratura no es una institución republicana para ser ejercida con temores -ni a lo propio ni a lo ajeno-, con genuflexión -a cualquier poder-, con torpeza -propia de quien no es prudente-, ni con intolerancia -a todo aquello que resulta diferente-.

Por ello es que si el Poder Judicial no se encuentra como actor político en la institucionalidad de un Estado de derecho, es probable que resulte succionado, deglutido o triturado por alguno de los otros poderes. Los ciudadanos aspiran a poder contar con una Justicia que no sólo se diga independiente sino que finalmente lo sea.

Y para que esto último sea posible, es importante que la sociedad sepa que ello no se trata de una labor excluyente de los PPJJ sino que es una construcción conjunta con la ciudadanía y, por lo tanto, no es esperable dicha conquista sin que antes se actualice el compromiso cívico del que venimos hablado.

Habrá de funcionar mejor la Justicia y su administración, con ciudadanos que ejerzan políticas activas de responsabilidad cívica. Ello fortalecerá ad intra una visión más crítica del Poder Judicial, que orientará también a que se deje de pensar como un ‘poder nulo o ausente’.