La apátrida es poco conocida en la vida cotidiana
por muchos de nosotros, quienes vivimos en países desarrollados, pero en los
cinco continentes esta injusticia tiene lugar. La apátrida significa que una
persona no tiene nacionalidad, no pertenece a ninguna nación legalmente, y en
consecuencia, vive sin derechos: por ejemplo, la imposibilidad de conseguir un
trabajo (es apátrida de iure, pues hay otro tipo: apátrida de
facto, cuando la persona no es rechazada por la legislación, pero sigue sin
dichos derechos.
Esta realidad social es producida por innumerables
causas, pero las más importantes son:
1- Surgimiento de un nuevo país tras la
desaparición de otro (un ejemplo es Estonia, en donde hay un gran grupo de
rusos sufriendo la apátrida desde el momento de la disolución de la Unión
Soviética).
2- Asentamiento de un grupo social en un área
fronterizo o transfronterizo, de modo que no es reconocido por ninguno de los
países incumbidos.
3- Ausencia de registro de nacimientos por errores
administrativos del Estado, o por el desconocimiento de dicho hecho
(especialmente en áreas poco desarrolladas).
4- Renuncia a una nacionalidad sin haber adquirido
otra. Es un caso inusual: ocurre en ocasiones ante refugiados políticos o
personas que escapan de una nación por causas ideológicas, sociales (algunos
disidentes cubanos tras la Revolución cubana de 1959 eran apátridas de
facto: no tenían derechos en el país), e, algunas veces, climáticas (cuando
hay un desastre natural en un país y las personas se van).
5- Rechazo a una minoría étnica por causas
diversas: religiosas, políticas, sociales…
Destaca esta última circunstancia, sobre todo en
aquellos países poco desarrollados o con una mentalidad tradicional. Para
entenderlo, un ejemplo claro es el de los rohingya.
Un caso muy polémico, pero en algunas áreas del
mundo poco conocido, es la historia de los rohingya: es una
comunidad étnica musulmana que viven en Birmania (República de la Unión de
Myanmar), cerca de Bangladesh, cuyo asentamiento en la antigua Arakán fue hacia
el siglo VII por comerciantes de la actual Mongolia, países árabes y Bengala
(dividida entre Bangladesh y la India).
Sin embargo, las mayores migraciones fueron a
partir del siglo XIX con la ocupación británica.
Los rohingya fueron privadas de ciudadanía en 1982
por Birmania, debido a las diferencias étnicas, pero también religiosas (son
musulmanes, mientras que la religión mayoritaria de la región, Rakhine, es el
budismo).
Otra razón más relativamente cercana a la
actualidad es la colonización británica: estos europeos esclavizaron y fueron
violentos con esta comunidad (y a los rohingya que había en la India británica
y que trasladaron a Birmania).
Otro factor fue la contratación con salarios
paupérrimos y largas jornadas de trabajo de personas de este grupo en la
administración colonial o en el comercio, lo cual dio lugar a un rechazo por
parte de los autóctonos de la zona. Como justificación a este rechazo, los
tratan como “inmigrantes bengalíes”.
Así, desde ese año, los rohingya tuvieron que
sobrevivir sin ningún tipo de ayudas, oportunidades ni servicios: sin
asistencia sanitaria, con impuestos elevados y trabajos forzosos, y con
restricciones para el matrimonio, acceso a la educación, desplazamientos por el
país y el trabajo, y ejecuciones extraoficiales, entre otras consecuencias
negativas. Otros aspectos son las políticas de Rakhine, que marcan un máximo de
dos hijos por mujer musulmana rohingya, las cuales tienen mayor desatención
médica y muchas sufren abusos sexuales y violencia: es una planificación
familiar con el propósito de controlar esta población.
Todas estas acciones van en contra de las
disposiciones erigidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 1789, y en la DUDH (Declaración Universal de los
Derechos Humanos) de las Naciones Unidas en 1948.
Por esta razón, esta violación a los derechos
humanos ha provocado que muchos rohingya se hayan sentido obligados a exiliarse
de Birmania como medio de supervivencia. Debido a su falta de recursos, han
debido refugiarse en los países vecinos (especialmente Bangladesh, India,
Tailandia, Malasia, e Indonesia) que, tanto por el temor a conflictos
diplomáticos e internacionales como por el rechazo de algunos de ellos a esta
comunidad, han impedido dicho traslado.
En este aspecto, Bangladesh ha sido el país que ha
recibido más rohingya (por la similitud del idioma) y que los ha tratado con
más dureza, ya que les obligan a pagar por entrar, para luego a muchos
enviarlos a regiones precarias, o devolverlos de nuevo a Birmania, porque
Bangladesh y el resto de naciones insiste desde hace muchos años al gobierno de
Birmania formado por militares en que finalicen los abusos. Una de las razones
de esta presión es que la falta de voluntad para acogerlos, pues se niegan a
establecer medidas y leyes que legitimen su consideración de “refugiados” y las
ayudas y protección correspondientes.
En consecuencia, todos estos hechos, ocurridos
especialmente desde hace veinte años, han producido tanto acciones rebeldes
violentas a través de la formación de grupos armados de algunos rohingya, como
el debilitamiento de esta comunidad indefensa, sobre todo de mujeres y
niños/as. Y ahora aún más, pues tras 30 años sin ningún censo realizado en
Birmania, ahora el país va a hacer uno y cabe la posibilidad de que los
rohingya no estén incluidos en él, lo que supondría un delito grave dentro del
derecho internacional: un etnocidio.
Esta infracción dará lugar a una disminución de
oportunidades y del desarrollo personal y comunitario de sus miembros que
impide el acceso a una adecuada calidad de vida y a muchos otros derechos como
la tolerancia religiosa o la asistencia sanitaria, y además, un trato
igualitario en Birmania, como si fueran extranjeros, tal y como se marcó en la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en 1954 por la Organización de
las Naciones Unidas, concretamente en el artículo 7.
De esta manera, para combatir estas injusticias,
organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus organismos
dependientes, especialmente ACNUR, Human Rights Watch y otros, están intentando
hacer acuerdos con el gobierno para permitir la llegada al país de ayudas tanto
físicas como monetarias, y han conseguido, según las promesas del gobierno
birmano, la inclusión de la sociedad dentro del censo.
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