jueves, 18 de junio de 2020

Derecho A Nacer

De acuerdo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la mayoría de las naciones, todos somos ciudadanos. Sin embargo, muchas comunidades humanas han estado sufriendo el efecto de un fenómeno llamado “apátrida”.


La apátrida es poco conocida en la vida cotidiana por muchos de nosotros, quienes vivimos en países desarrollados, pero en los cinco continentes esta injusticia tiene lugar. La apátrida significa que una persona no tiene nacionalidad, no pertenece a ninguna nación legalmente, y en consecuencia, vive sin derechos: por ejemplo, la imposibilidad de conseguir un trabajo (es apátrida de iure, pues hay otro tipo: apátrida de facto, cuando la persona no es rechazada por la legislación, pero sigue sin dichos derechos.

Esta realidad social es producida por innumerables causas, pero las más importantes son:
1- Surgimiento de un nuevo país tras la desaparición de otro (un ejemplo es Estonia, en donde hay un gran grupo de rusos sufriendo la apátrida desde el momento de la disolución de la Unión Soviética).
2- Asentamiento de un grupo social en un área fronterizo o transfronterizo, de modo que no es reconocido por ninguno de los países incumbidos.
3- Ausencia de registro de nacimientos por errores administrativos del Estado, o por el desconocimiento de dicho hecho (especialmente en áreas poco desarrolladas).
4- Renuncia a una nacionalidad sin haber adquirido otra. Es un caso inusual: ocurre en ocasiones ante refugiados políticos o personas que escapan de una nación por causas ideológicas, sociales (algunos disidentes cubanos tras la Revolución cubana de 1959 eran apátridas de facto: no tenían derechos en el país), e, algunas veces, climáticas (cuando hay un desastre natural en un país y las personas se van).
5- Rechazo a una minoría étnica por causas diversas: religiosas, políticas, sociales…

Destaca esta última circunstancia, sobre todo en aquellos países poco desarrollados o con una mentalidad tradicional. Para entenderlo, un ejemplo claro es el de los rohingya.

Un caso muy polémico, pero en algunas áreas del mundo poco conocido, es la historia de los rohingya: es una comunidad étnica musulmana que viven en Birmania (República de la Unión de Myanmar), cerca de Bangladesh, cuyo asentamiento en la antigua Arakán fue hacia el siglo VII por comerciantes de la actual Mongolia, países árabes y Bengala (dividida entre Bangladesh y la India).

Sin embargo, las mayores migraciones fueron a partir del siglo XIX con la ocupación británica.

Los rohingya fueron privadas de ciudadanía en 1982 por Birmania, debido a las diferencias étnicas, pero también religiosas (son musulmanes, mientras que la religión mayoritaria de la región, Rakhine, es el budismo). 

Otra razón más relativamente cercana a la actualidad es la colonización británica: estos europeos esclavizaron y fueron violentos con esta comunidad (y a los rohingya que había en la India británica y que trasladaron a Birmania). 

Otro factor fue la contratación con salarios paupérrimos y largas jornadas de trabajo de personas de este grupo en la administración colonial o en el comercio, lo cual dio lugar a un rechazo por parte de los autóctonos de la zona. Como justificación a este rechazo, los tratan como “inmigrantes bengalíes”.

Así, desde ese año, los rohingya tuvieron que sobrevivir sin ningún tipo de ayudas, oportunidades ni servicios: sin asistencia sanitaria, con impuestos elevados y trabajos forzosos, y con restricciones para el matrimonio, acceso a la educación, desplazamientos por el país y el trabajo, y ejecuciones extraoficiales, entre otras consecuencias negativas. Otros aspectos son las políticas de Rakhine, que marcan un máximo de dos hijos por mujer musulmana rohingya, las cuales tienen mayor desatención médica y muchas sufren abusos sexuales y violencia: es una planificación familiar con el propósito de controlar esta población. 

Todas estas acciones van en contra de las disposiciones erigidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y en la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) de las Naciones Unidas en 1948.

Por esta razón, esta violación a los derechos humanos ha provocado que muchos rohingya se hayan sentido obligados a exiliarse de Birmania como medio de supervivencia. Debido a su falta de recursos, han debido refugiarse en los países vecinos (especialmente Bangladesh, India, Tailandia, Malasia, e Indonesia) que, tanto por el temor a conflictos diplomáticos e internacionales como por el rechazo de algunos de ellos a esta comunidad, han impedido dicho traslado. 

En este aspecto, Bangladesh ha sido el país que ha recibido más rohingya (por la similitud del idioma) y que los ha tratado con más dureza, ya que les obligan a pagar por entrar, para luego a muchos enviarlos a regiones precarias, o devolverlos de nuevo a Birmania, porque Bangladesh y el resto de naciones insiste desde hace muchos años al gobierno de Birmania formado por militares en que finalicen los abusos. Una de las razones de esta presión es que la falta de voluntad para acogerlos, pues se niegan a establecer medidas y leyes que legitimen su consideración de “refugiados” y las ayudas y protección correspondientes.

En consecuencia, todos estos hechos, ocurridos especialmente desde hace veinte años, han producido tanto acciones rebeldes violentas a través de la formación de grupos armados de algunos rohingya, como el debilitamiento de esta comunidad indefensa, sobre todo de mujeres y niños/as. Y ahora aún más, pues tras 30 años sin ningún censo realizado en Birmania, ahora el país va a hacer uno y cabe la posibilidad de que los rohingya no estén incluidos en él, lo que supondría un delito grave dentro del derecho internacional: un etnocidio. 

Esta infracción dará lugar a una disminución de oportunidades y del desarrollo personal y comunitario de sus miembros que impide el acceso a una adecuada calidad de vida y a muchos otros derechos como la tolerancia religiosa o la asistencia sanitaria, y además, un trato igualitario en Birmania, como si fueran extranjeros, tal y como se marcó en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en 1954 por la Organización de las Naciones Unidas, concretamente en el artículo 7.


De esta manera, para combatir estas injusticias, organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus organismos dependientes, especialmente ACNUR, Human Rights Watch y otros, están intentando hacer acuerdos con el gobierno para permitir la llegada al país de ayudas tanto físicas como monetarias, y han conseguido, según las promesas del gobierno birmano, la inclusión de la sociedad dentro del censo.


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