Las sanciones penales que hoy se proponen derogar no se muestran en los ámbitos sociales e institucionales de protección a la infancia como tutela de ninguna vida, sino todo lo contrario. Desde la perspectiva del sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, dicha legislación no soluciona ningún problema real, sino que crea nuevos y agrava otros ya existentes.
Es por eso que entre los trabajan con chicos y chicas -en especial en
los barrios, escuelas o clubes más pobres- y también entre quienes defienden
sus derechos, son muchos, cada día más, los actores que apoyan los proyectos
despenalizadores del aborto. Por el contrario, la resistencia al cambio
proviene casi exclusivamente de quienes –con mayor o menor compromiso con esos
pibes y pibas- asumen la cuestión en debate desde perspectivas fundamentalmente
religiosas.
De la mano de juristas del campo más conservador, hace años que quienes
resisten la idea de ampliar la legalidad del aborto voluntario agitan la
bandera de una supuesta enemistad, de un enfrentamiento entre nuestra
Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por
un lado, y la posibilidad de despenalizar el aborto, por el otro.
Si bien podría llamar la atención que abogados y jueces –o ex miembros
de la Corte Suprema menemista, como Rodolfo Barra- que nunca defendieron al
Pueblo ni apoyaron las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia utilicen
a los Derechos Humanos para justificar su posición, lo cierto es que habían
logrado confundir a no pocos referentes o legisladores.
El debate permitió escuchar precisas explicaciones sobre el fallo
“F.A.L.” de nuestra Corte Suprema, la resolución de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en el caso “Baby Boy”, la sentencia de la Corte
Interamericana en “Artavia Murillo” o el dictamen del Comité de Derechos
Humanos de la ONU en el caso “L.M.R.”. También se divulgaron las recomendaciones
y observaciones de otros organismos de Naciones Unidas como el Comité de
Derechos del Niño o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra
la Mujer, que los juristas conservadores por lo general omiten u ocultan.
Tanto la Corte argentina como los organismos de protección de Derechos
Humanos a nivel americano o global no reconocen un derecho absoluto o
categórico de tutela del embrión en las etapas prenatales, sino que adhieren a
un concepto de protección gradual e incremental de la vida en ese estadio
prenatal.
La conclusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -que
refuta las tesis de Barra y sus seguidores- es que la protección de la vida en
formación debe ser armonizada con los derechos fundamentales de las mujeres. En
otros términos: no hay contradicción entre el aborto legal, gratuito y seguro,
tal como lo postulan los proyectos propuestos, y la vigencia de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Las audiencias se han convertido en bisagra, marcan un antes y un después:
los y las representantes del Pueblo en las cámaras pueden o no estar a favor de
la aprobación de los proyectos, pero ahora ha quedado muy claro que los mismos
no colisionan con la Constitución Nacional ni con los Tratados de Derechos
Humanos, en particular la CDN. Las propuestas de despenalización son, entonces,
plenamente constitucionales y convencionales.
En los diferentes proyectos despenalizadores se observa un valorable
esfuerzo por regular el acceso al aborto legal y seguro de niñas y adolescentes
y garantizar el ejercicio efectivo del derecho que se les reconoce.
Ese compromiso de los y las diputadas se corresponde con una realidad
dramática, cada día más visible. Lo que hoy llamamos maternidad infantil
forzada cambia drásticamente la vida -para mal, claro- de miles de niñas y
adolescentes. Más de 3.000 de ellas, menores de 15 años son madres anualmente
en nuestra Patria. Entre las más pequeñas los embarazos son causados,
mayoritariamente, por abusos sexuales, violaciones.
La sanción de una ley nacional que garantice el aborto legal y seguro es
una necesidad imperiosa para las pibas, para las gurisas, para las changuitas,
muy especialmente a la luz de las dificultades que se evidencian para que la
protección provenga solo de guías, protocolos y recomendaciones.
Sin embargo, el mero reconocimiento del derecho puede ser insuficiente
si no se prevén algunas condiciones de su posterior ejercicio. Hay un tema
particularmente complejo en relación con la edad y las competencias bioéticas
de las niñas, en especial con las que tienen menos de 13 años y carecen de
acompañamiento de sus progenitores o directamente los mismos se oponen al
aborto, muchas veces contrariando su interés superior, garantizado en la
Convención y leyes locales.
Los proyectos tienen un justificado espíritu desjudicializador, que yo comparto. Sin embargo, dudo que
los equipos profesionales de los hospitales u otros establecimientos sean
idóneos para –en situaciones legalmente complejas- adoptar decisiones cuando
haya posicionamientos contrapuestos o, al menos, no coincidentes entra la niña
o adolescente y sus progenitores.
Estimo que el procedimiento podría ser superador dando intervención a
los órganos administrativos de protección de derechos previstos en la Ley nº
26.061 y que el nuevo Código Civil ha reconocido al regular las adopciones. Las
Defensorías, los Órganos de Protección, los Servicios Locales –diversos
nombres, conforme la organización de cada jurisdicción- pueden contribuir a
superar ese tipo de tensiones escuchando a las niñas y promoviendo soluciones
que respeten sus superiores intereses.
Convertir en ley la ampliación de la legalización del aborto voluntario
y asegurar que el mismo se desarrolle en condiciones de seguridad es una buena
noticia para nuestra sociedad y los derechos de nuestras mujeres.
Y muy probablemente sea aún una mejor noticia para los derechos de
nuestras niñas y adolescentes de toda la Patria.
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