La exclusión se puede producir debido a diferentes factores,
así también puede ser el resultado indirecto de procesos de desarrollo, ya sea por el hecho
de seguir ciertos ideales de una comunidad, por una precaria
situación económica, o bien en algunos casos se produce cuando la sociedad
responde a los intereses de un grupo minoritario
que ejerce el poder. La privación o
dificultad para la satisfacción de ciertas necesidades secundarias e incluso
algunas de las necesidades básicas (tales como disponibilidad de servicios como agua potable, desagüe y electricidad) es una
característica común en todos los grados y tipos de marginación.
En los últimos años, los avances tecnológicos, la evolución del y
el cambio en
la estructura familiar
han generado nuevas formas de exclusión, como, por ejemplo, la de aquellas
personas que no tienen la formación adecuada para adaptarse a los actuales
procesos productivos; los parados de larga duración; los jóvenes que no
consiguen su primer empleo o
una estabilidad laboral; las mujeres que son discriminadas en cuanto a
oportunidades de empleo y salario; los discapacitados
físicos y psíquicos que se encuentran en unas condiciones muy desfavorables
para acceder a un puesto de trabajo; las personas que trabajan por un sueldo
mísero y sin protección social, dentro de la llamada economía sumergida;
y muchas familias monoparentales cuyos ingresos son
insuficientes.
Es un flagelo que atenta contra los derechos humanos más
elementales de las personas, crea inestabilidad en los sistemas democráticos
y produce efectos económicos regresivos. Superarla no es una tarea fácil, sin
embargo es claro que por su naturaleza y
complejidad amerita políticas que
trasciendan los usuales enfoques economicistas, que la restringen sólo a un
problema de carencia de recursos económicos
o de ingreso, y que apunten hacia el diseño de acciones más
sistémicas e integrales, donde el fin último
sea el desarrollo de las capacidades humanas y el bienestar social.
En América Latina, donde según
distintas fuentes, la pobreza afecta
al 50% de la población, superarla no es sólo
un imperativo ético sino un requisito fundamental para el desarrollo económico, político
y social de los países y como tal debe ubicarse en la agenda de prioridades.
Los esfuerzos en este camino señalan la existencia de una serie de obstáculos,
que refuerzan estructuralmente la pobreza y
la desigualdad.
Muchos de ellos tienen que ver con las dificultades derivadas de
la inserción a la economía internacional, otras con el funcionamiento de las instituciones y organizaciones vinculadas
a lo social y otras con la adopción de
políticas que presentan una visión restringida y distorsionada de los problemas sociales
y sus causas.
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