La articulación a través del lenguaje de los sistemas
(personas y territorio) condiciona las necesidades socioculturales delimitadas
por el mundo de la vida. Como plantea Boisier (2001) el desarrollo es entendido
como el logro de un contexto o medio que facilite la potenciación del ser
humano para auto-transformarse en persona humana en su doble dimensión:
biológica y espiritual, siendo capaz, en esta última condición, de conocer y
amar.
Esto significa reubicar el concepto de desarrollo en un marco
constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico, y por
cierto, endógeno. Lo anterior supone un escenario directamente dependiente de
la auto-confianza colectiva en la capacidad para inventar recursos, movilizar
los ya existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria desde el propio
territorio, generando una pro alimentación de compensación (Boisier 2001).
Esta valoración del ser humano en su dimensionalidad
biológica y espiritual condiciona un tipo de participación que va más allá de
lo meramente instrumental, debido a que desplaza la necesidad individual y
subjetiva,
a una valoración del sujeto como ente capaz de acción y diagnosis, o sea, como
un observador igualmente adiestrado para analizar la realidad, lo cual implica
considerar a las personas como integrantes clave para que este desarrollo sea
factible.
Una visión más completa de ciudadanía reconoce a las
personas como usuarios y a la vez como accionistas (co-gestores) de los
servicios públicos. Bajo esta mirada adquiere especial relevancia la
participación ciudadana en los distintos aspectos de la gestión, determinación
de prioridades, en la evaluación de la eficiencia de los procesos y en la
fiscalización y el control de las políticas o programas públicos (Calderón y
Orellana 2003).
Si así quisiera llamarse esta nueva revaloración, implica ver
al sujeto en su dimensión real, no desde una perspectiva sobre idealizada
de la pro actividad social, tampoco teniendo una visión meramente cuantificada
de los escenarios territoriales, pues dicha revaloración implica, en el fondo,
voluntad política que permita ceder espacios de poder en los cuales los
especialistas, tanto técnicos como dirigentes locales, puedan compartir un
escenario sociotemporal de interacción que valide mutuamente, a nivel
ontológico, el rol que a cada sujeto le corresponde en el desarrollo, ya sea
que esto se haga desde la institucionalidad, o desde la dirigencia social en
que se pone en juego el poder normativo para guiar el desarrollo territorial.
Al compartir un espacio determinado se valida una
construcción social en base a la interacción copresente en un mundo de la vida
como factor principal para contextualizar la acción social. Es decir, el
abordaje axiológico está enmarcado dentro de una mirada que evita los
reduccionismos del sujeto y del territorio como sistemas, evitando la alienación,
enajenación de su realidad con la finalidad de comprender la acción en base a
la propia territorialidad.
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