Siempre fue ingenuo suponer que las organizaciones internacionales, los actores transnacionales, las regiones o las ciudades desposeerían fácilmente al Estado de su papel central en las relaciones humanas. Sin embargo, sería igualmente ingenuo concluir que fenómenos como el Brexit y la elección de Donald Trump nos han devuelto a un mundo puramente westfaliano, en el que la primacía del Estado era incontestable. La globalización está tan avanzada, y las interconexiones son tan profundas, que desandar lo andado es poco menos que una quimera.
Ahora bien, en materia de seguridad internacional, los mecanismos legales e institucionales existentes a escala global siguen sin ser los adecuados para hacer frente a las actuales amenazas. Esto ya era así antes de que el Brexit y la llegada de Trump empeoraran las cosas, obstaculizando más si cabe la cooperación entre países.
Como argumentan Chinkin y Kaldor en su imprescindible libro International law and new wars (Derecho internacional y nuevas guerras), la clásica distinción entre conflictos armados internacionales y no internacionales ha perdido vigencia, y lo mismo puede decirse de la dicotomía entre seguridad interna y externa. Un prototipo de las llamadas "nuevas guerras" es el conflicto sirio, que implica a un enorme abanico de actores (públicos y privados, domésticos e internacionales) y trasciende las fronteras estatales (ejemplo de lo cual era la presencia del Estado Islámico también en Irak, así como sus atentados en muchos otros países). Estas "nuevas guerras" suelen tener un fuerte componente identitario, extenderse durante un largo período de tiempo y afectar en gran medida a la población civil.El reciente repunte de conflictos con un componente intraestatal implica que el modelo westfaliano de soberanía, según el cual los Estados monopolizaban el uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras, ha quedado totalmente obsoleto. Si pretendemos seguir construyendo una sociedad que merezca el apelativo de "internacional", no podemos entender la soberanía únicamente en términos de autoridad, sino también de responsabilidad. En buena lógica, pues, debemos estar abiertos a intervenir en un país determinado cuando su Gobierno está comprometiendo la seguridad de su propia población. Este razonamiento constituye el núcleo de la "responsabilidad de proteger" (R2P), una doctrina adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005.
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