La historia de la
humanidad evidencia que la pobreza y sus condiciones coadyuvantes (como la
exclusión y marginación social, la falta de empleo productivo, el analfabetismo
y los bajos niveles de desarrollo humano) constituyen un atentado contra la
dignidad humana que niega el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos; y
están entre las principales amenazas a la democracia, paz, libertad y al
desarrollo.
Sin embargo, por
largo tiempo hemos carecido de un enfoque reconocido mundialmente sobre la
pobreza, su impacto en la dignidad y los derechos humanos y sus efectos en la
seguridad y el desarrollo. Es hasta en los últimos años del siglo XX y
los que llevamos del siglo XXI que, a ese respecto, hemos avanzado en grandes y
extraordinarios acuerdos regionales y universales.
En la sub-región
centroamericana, desde el año 1991, ese impacto y esa relación fueron
reconocidos en varios acuerdos que comprenden las tradicionales y nuevas
amenazas a la seguridad y definen un nuevo modelo de seguridad democrática.
Esos acuerdos caracterizan a la pobreza como amenaza a la seguridad
humana de los habitantes, a la estabilidad democrática y al desarrollo
sostenible de las sociedades centroamericanas; y señalan también como amenazas
a: la falta de desarrollo sostenible y de democracia, el deterioro del medio
ambiente, la inseguridad de las personas y bienes, la corrupción, impunidad,
violencia, delincuencia, narcoactividad, el tráfico de armas y el terrorismo.
Esas situaciones deben ser tratadas, como asuntos de seguridad humana de
las personas y comunidades dentro de los Estados y entre los Estados; y deben
ser resueltas con una visión comprensiva e interrelacionada de todos los
aspectos del desarrollo sostenible, en sus manifestaciones políticas, económicas,
sociales, culturales y ecológicas.
En la región
americana, en el 2001, se aprobó la “Carta Democrática Interamericana” que
inició una nueva era al reconocer el derecho de los pueblos a la
democracia y al definir la organización democrática, su defensa y
perfeccionamiento. La Carta reafirma que la lucha contra la pobreza es esencial
para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una
responsabilidad común y compartida de los Estados.
En la Organización
de las Naciones Unidas, el concepto, alcance e interés práctico de la Seguridad
Humana se ha venido considerando también en sucesivos informes y resoluciones
que permitieron llegar, en el 2012, al entendimiento universal según el cual la
Seguridad Humana es el derecho de las personas y comunidades, en particular las
vulnerables, a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y
desesperación. y que, para acceder a esa seguridad humana, es imprescindible la
participación de las personas y comunidades, y lograr respuestas intersectoriales
(con énfasis en la prevención) a todas las condiciones que constituyen amenazas
a la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas, para
impulsar el desarrollo sostenible local, con significación nacional…
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