De acuerdo a la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la mayoría de las
naciones, todos somos ciudadanos. Sin embargo, muchas comunidades humanas han
estado sufriendo el efecto de un fenómeno llamado “apátrida”.
La apátrida es poco
conocida en la vida cotidiana por muchos de nosotros, quienes vivimos en países
desarrollados, pero en los cinco continentes esta injusticia tiene lugar. La apátrida
significa que una persona no tiene nacionalidad, no pertenece a ninguna nación
legalmente, y en consecuencia, vive sin derechos: por ejemplo, la imposibilidad
de conseguir un trabajo (es apátrida de iure, pues hay otro tipo:
apátrida de facto, cuando la persona no es rechazada por la
legislación, pero sigue sin dichos derechos.
Esta realidad
social es producida por innumerables causas, pero las más importantes son:
1- Surgimiento de
un nuevo país tras la desaparición de otro (un ejemplo es Estonia, en donde hay
un gran grupo de rusos sufriendo la apátrida desde el momento de la disolución
de la Unión Soviética).
2- Asentamiento de
un grupo social en un área fronterizo o transfronterizo, de modo que no es
reconocido por ninguno de los países incumbidos.
3- Ausencia de
registro de nacimientos por errores administrativos del Estado, o por el
desconocimiento de dicho hecho (especialmente en áreas poco desarrolladas).
4- Renuncia a una
nacionalidad sin haber adquirido otra. Es un caso inusual: ocurre en ocasiones
ante refugiados políticos o personas que escapan de una nación por causas
ideológicas, sociales (algunos disidentes cubanos tras la Revolución cubana de
1959 eran apátridas de facto: no tenían derechos en el país), e,
algunas veces, climáticas (cuando hay un desastre natural en un país y las
personas se van).
5- Rechazo a una
minoría étnica por causas diversas: religiosas, políticas, sociales…
Destaca esta última
circunstancia, sobre todo en aquellos países poco desarrollados o con una
mentalidad tradicional. Para entenderlo, un ejemplo claro es el de los
rohingya.
Un caso muy
polémico, pero en algunas áreas del mundo poco conocido, es la historia de los rohingya:
es una comunidad étnica musulmana que viven en Birmania (República de la Unión
de Myanmar), cerca de Bangladesh, cuyo asentamiento en la antigua Arakán fue
hacia el siglo VII por comerciantes de la actual Mongolia, países árabes y
Bengala (dividida entre Bangladesh y la India).
Sin embargo, las mayores
migraciones fueron a partir del siglo XIX con la ocupación británica.
Los rohingya fueron
privadas de ciudadanía en 1982 por Birmania, debido a las diferencias étnicas,
pero también religiosas (son musulmanes, mientras que la religión mayoritaria
de la región, Rakhine, es el budismo).
Otra razón más relativamente cercana a
la actualidad es la colonización británica: estos europeos esclavizaron y
fueron violentos con esta comunidad (y a los rohingya que había en la India
británica y que trasladaron a Birmania).
Otro factor fue la contratación con
salarios paupérrimos y largas jornadas de trabajo de personas de este grupo en
la administración colonial o en el comercio, lo cual dio lugar a un rechazo por
parte de los autóctonos de la zona. Como justificación a este rechazo, los tratan
como “inmigrantes bengalíes”.
Así, desde ese año,
los rohingya tuvieron que sobrevivir sin ningún tipo de ayudas, oportunidades
ni servicios: sin asistencia sanitaria, con impuestos elevados y trabajos
forzosos, y con restricciones para el matrimonio, acceso a la educación,
desplazamientos por el país y el trabajo, y ejecuciones extraoficiales, entre
otras consecuencias negativas. Otros aspectos son las políticas de Rakhine, que
marcan un máximo de dos hijos por mujer musulmana rohingya, las cuales tienen
mayor desatención médica y muchas sufren abusos sexuales y violencia: es una
planificación familiar con el propósito de controlar esta población.
Todas
estas acciones van en contra de las disposiciones erigidas en la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y en la DUDH (Declaración
Universal de los Derechos Humanos) de las Naciones Unidas en 1948.
Por esta razón,
esta violación a los derechos humanos ha provocado que muchos rohingya se hayan
sentido obligados a exiliarse de Birmania como medio de supervivencia. Debido a
su falta de recursos, han debido refugiarse en los países vecinos (especialmente
Bangladesh, India, Tailandia, Malasia, e Indonesia) que, tanto por el temor a
conflictos diplomáticos e internacionales como por el rechazo de algunos de
ellos a esta comunidad, han impedido dicho traslado.
En este aspecto,
Bangladesh ha sido el país que ha recibido más rohingya (por la similitud del
idioma) y que los ha tratado con más dureza, ya que les obligan a pagar por
entrar, para luego a muchos enviarlos a regiones precarias, o devolverlos de
nuevo a Birmania, porque Bangladesh y el resto de naciones insiste desde hace
muchos años al gobierno de Birmania formado por militares en que finalicen los
abusos. Una de las razones de esta presión es que la falta de voluntad para
acogerlos, pues se niegan a establecer medidas y leyes que legitimen su consideración
de “refugiados” y las ayudas y protección correspondientes.
En consecuencia,
todos estos hechos, ocurridos especialmente desde hace veinte años, han
producido tanto acciones rebeldes violentas a través de la formación de grupos
armados de algunos rohingya, como el debilitamiento de esta comunidad
indefensa, sobre todo de mujeres y niños/as. Y ahora aún más, pues tras 30 años
sin ningún censo realizado en Birmania, ahora el país va a hacer uno y cabe la
posibilidad de que los rohingya no estén incluidos en él, lo que supondría un
delito grave dentro del derecho internacional: un etnocidio.
Esta infracción
dará lugar a una disminución de oportunidades y del desarrollo personal y
comunitario de sus miembros que impide el acceso a una adecuada calidad de vida
y a muchos otros derechos como la tolerancia religiosa o la asistencia
sanitaria, y además, un trato igualitario en Birmania, como si fueran
extranjeros, tal y como se marcó en la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas en 1954 por la Organización de las Naciones Unidas, concretamente en
el artículo 7.
De esta manera,
para combatir estas injusticias, organizaciones internacionales, como las
Naciones Unidas y sus organismos dependientes, especialmente ACNUR, Human
Rights Watch y otros, están intentando hacer acuerdos con el gobierno para
permitir la llegada al país de ayudas tanto físicas como monetarias, y han
conseguido, según las promesas del gobierno birmano, la inclusión de la
sociedad dentro del censo.
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