El reciente informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA (CIDH) "Situación de derechos humanos en
Venezuela", describe cómo la dictadura impuesta por una ávida cleptocracia
(Venezuela se encuentra entre los países peor situados en el índice de
percepción de corrupción de Transparencia Internacional) astutamente disfrazada
de socialista, destruye sistemáticamente la economía y la estructura social del
que fue uno de los países más prósperos de nuestro continente.
El informe comienza afirmando que
"Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino
deterioro en la institucionalidad democrática en Venezuela que se ha
profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015". Ese
proceso es el resultado de la injerencia del Poder Ejecutivo —es decir Maduro y
sus adláteres— en el Poder Judicial, el Poder Electoral y los demás poderes
públicos. A lo que debería sumarse la instalación del engendro de la Asamblea
Nacional Constituyente con el objetivo de desplazar el Poder Legislativo
legítimo, en el cual la oposición tiene (por ahora) mayoría.
La estrategia de Maduro incluye pervertir las garantías y
los órganos previstos en la Constitución venezolana para garantizar la pureza
del sufragio, y convertirlos en instrumentos para consolidar su dictadura
mientras mantiene una apariencia de legitimidad democrática.
En cuanto al Poder Electoral, dice la
CIDH, existe un conjunto de factores que determinan la falta de independencia del
Consejo Nacional Electoral (CNE). Incluyendo "el incumplimiento reiterado
del procedimiento establecido en la Constitución para la elección de sus
integrantes" y la falta de independencia de este órgano constitucional. El
CNE "ha adoptado decisiones que afectan el ejercicio de los derechos
políticos de venezolanos y venezolanas, y perjudican la institucionalidad de la
democracia".
El informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, acertadamente, refleja la "indivisibilidad que existe
entre las afectaciones registradas en Venezuela a los derechos civiles,
económicos, sociales, culturales y ambientales". Y recuerda "que la
vigencia efectiva de la democracia en todo Estado, requiere como presupuesto
indispensable el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades
fundamentales de sus habitantes". También resalta, por si fuera necesario,
"la importancia de los órganos electorales para el ejercicio de los
derechos políticos, y recuerda que para garantizar los mismos estas
instituciones deben ejercer sus funciones con imparcialidad e
independencia". Por ese motivo, sigue, "expresa su más profunda
preocupación por las distintas medidas adoptadas por el CNE que obstaculizan el
ejercicio efectivo de los derechos políticos de la población venezolana".
Debería estar claro, aún para el más
ingenuo (aunque siempre es bueno recordar que no hay peor ciego que el que no
quiere ver), que no basta con que los ciudadanos tengan la posibilidad de
ejecutar el acto material de votar para que una elección pueda ser considerada
como democrática. Para que el sufragio sea democrático necesariamente deben
existir un entorno, instituciones y garantías adecuadas y suficientes, antes
del acto de votar, durante el sufragio y después de este.
Esas condiciones no existen en Venezuela.
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