La población analfabeta y los jóvenes con bajos niveles de
escolarización constituyen el crudo testimonio de la deuda que tiene la
sociedad con una importante parte de la población. Ellos son los desfavorecidos
históricos de los sistemas escolares, porque ellos estaban en edad escolar
cuando la escolarización primaria tendía a la universalidad, pero el sistema no
logró asegurarles la inclusión educativa y los estudios elementales. La cifra
de analfabetos se sitúa en torno a los 34 millones de personas, casi el 10% de
la población, mientras que el 40% de las personas jóvenes y adultas (cerca de
110 millones de personas), no han terminado sus estudios de educación primaria.
Las familias con muy bajos ingresos y con reducidos recursos
personales tienen serias dificultades para promover el compromiso de sus hijos
con los objetivos escolares e incluso para garantizar su asistencia a la
escuela. Y muchas familias en los países latinoamericanos se encuentran en esta
situación. Las familias se ven abocadas a que sus hijos trabajen o a que cuiden
de los hermanos pequeños en vez de asistir a la escuela. Para estos alumnos, de
poco sirve la ampliación de la educación obligatoria. Posiblemente, la
conciencia colectiva de la radical importancia de la familia en la educación
conduzca a que este tema forme parte inexcusable de las futuras reformas de los
sistemas educativos.
El apoyo a las familias debe ir acompañado de una atención
especial a la educación de los niños desde sus primeros años de vida, ya que es
en estos años en los que se establecen las bases madurativas, de salud y
neurológicas, los esquemas básicos de conocimiento, la provisión de estímulos y
de información enriquecedora sobre todo a través del lenguaje, del desarrollo
de la socialización, de las rutinas de la vida diaria y, finalmente, de la
participación del niño en los procesos de aprendizaje en entornos escolares.
Por todas estas razones, la OEI considera que su colaboración con los
ministerios correspondientes para la educación de todos los niños desde las
edades tempranas es la mejor estrategia para combatir la inequidad educativa
desde sus raíces.
Por otro lado, es necesario señalar la importancia
estratégica de la educación técnico profesional para abrir vías de inserción
laboral a los jóvenes y para favorecer el desarrollo económico de los países.
La oferta de un sistema integrado de formación técnico-profesional en el que
participen las autoridades educativas y laborales, así como la colaboración de
los sectores sociales y empresariales en el diseño de los perfiles
profesionales y en las prácticas de los alumnos en las empresas es una garantía
para que dicha formación responda a las demandas productivas y sea al mismo
tiempo una opción atractiva para los jóvenes.
Finalmente, es preciso reconocer que existen colectivos de
alumnos especialmente vulnerables: aquellos que forman parte de las minorías
étnicas de un país, los que se escolarizan fuera de sus países de origen por
haber tenido que emigrar sus familias, los que se encuentran en condiciones
sociales desfavorables, o los alumnos que presentan necesidades educativas
especiales tienen mayor riesgo de ser excluidos del sistema educativo común. En
consecuencia, un sistema educativo sensible a la equidad debe comprometerse en
el desarrollo de políticas de inclusión educativa que transformen las
condiciones de la enseñanza y garanticen una educación de calidad para todos
los alumnos.
Por estas razones, la OEI considera que debe colaborar con
los países especialmente en el fortalecimiento de sus políticas de atención a
la infancia, de alfabetización y educación básica de las personas adultas, de
formación técnico-profesional, de inclusión educativa y de preocupación por las
familias inmigrantes, con el fin de asegurar una mayor equidad en los sistemas
educativos.
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